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Empresarios y sindicalistas de acuerdo con reforma laboral que beneficie ambos grupos

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La Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE) realizó un análisis en torno a las discusiones sobre la reforma laboral en el cual determinó que tanto los grupos sindicales como los empresarios del país demandan una modificación al Código de Trabajo, pero cada uno defendiendo los intereses de su sector.

Este deseo de reforma no es nuevo, los empresarios han argumentado desde hace años que el Código de Trabajo de 1992 está desactualizado y necesita reformarse,  y han  planteado la modificación de 28 puntos de la normativa.

El informe realizado por Fanny Vargas, coordinadora de la Unidad, indica que las organizaciones del sector privado han hecho énfasis en que las disposiciones del Código en materia de horarios, prestaciones laborales, cesantía, riesgos laborales y conciliación judicial crean una pesada carga para las empresas, en especial las pequeñas y las medianas.

SOBRE HORARIOS Y DÍAS FERIADOS

En un principio, los empresarios alegaron que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores. Mientras que los grupos que representan los intereses de los empleados, como la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de los trabajadores, aunque se muestran cautelosamente abiertos al diálogo.

Los dirigentes sindicales afirman que el interés de los empresarios es suprimir ciertos derechos laborales y bajar el costo de la mano de obra. Esa “flexibilización” consiste en reducir calidad y crear precariedad.

Pero los desacuerdos entre empleadores y empleados no se quedan ahí, ya que los empresarios sostienen que después de la puesta en marcha de la seguridad social los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía, y que es necesario revisar las normativas y crear topes a los montos otorgados.

El sector privado alega, además, que la cesantía y otras cargas laborales (como los aportes a la seguridad social) son consideradas una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral.

Los grupos sindicales sostienen, por su parte, que en el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía. Según el CNUS, el seguro de desempleo sería más costoso que la cesantía como tal, y que esta no representa una carga tan grande para el sector privado como señalan algunos de sus representantes.

También se ha discutido ampliamente sobre las conciliaciones y litigios laborales. Los empresarios abogan por un mecanismo que evite muchos de los litigios en los tribunales, cuya gran mayoría es ganada por los trabajadores.

DESEMPLEO PERÍODO 2000-2012 HA SIDO DE 15%

En otro aspecto, el informe revela que a pesar del sostenido crecimiento económico, el promedio de desempleo en el período 2000-2012 ha sido de 15 %, el subempleo representa aproximadamente el 16 % del empleo total y alrededor de un tercio de los subempleados busca horas adicionales.

Para abril de 2013, el empleo formal apenas alcanzó el 45 % del mercado laboral. Es decir, que de los 3.9 millones de empleos actuales, el 55 % (2.1 millones) es informal, indica el documento.

Estos datos indican que el empleo formal privado ha tenido un crecimiento neto de 4.1 % en los últimos doce años, aproximadamente 4,000 empleos netos por año, principalmente dirigidos a actividades del sector servicios intensivas en capital.

El análisis señala además, que los salarios reales promedio por hora se han quedado muy rezagados respecto del crecimiento de la productividad laboral. Como resultado, el salario mínimo en República Dominicana no se ha mantenido al nivel con el costo de vida.

Los especialistas en general no consideran que el mercado laboral dominicano sea demasiado rígido en comparación con sus vecinos (Guzmán, 2011). El Código introducido en 1992 ?dicen? no ha sido un obstáculo para la rápida expansión de las exportaciones de manufacturas.

En conclusión, el documento plantea que esto no significa que no sea viable una reforma laboral; el entorno económico ha cambiado mucho desde 1992 y el país se enfrenta a muchos retos, por lo que una reforma en consenso con el empresariado y los trabajadores y que tome en cuenta la realidad económica, permitirá al país ser más competitivo sin arriesgar los derechos de los trabajadores y promoviendo el empleo digno.

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